El mandatario afirmó mediante redes sociales que la falta de mantenimiento de las obras de drenaje provocó el último deslizamiento, rechazando que las comunidades rurales fueran responsables.
La conversación en torno a la gestión y mantenimiento de la vía Bogotá-Villavicencio volvió a ocupar el centro de la agenda pública tras la publicación realizada por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.
El mandatario atribuyó a la concesión Coviandina la responsabilidad directa de los problemas recientes y rechazó que los inconvenientes fueran causados por el campesinado de la zona.
“La discusión de concesionario del grupo Aval (Coviandina) de la carretera Bogotá-Villavicencio y el campesinado donde se produjo el derrumbe es demostrativa de la codicia con que se ha manejado el sistema de concesiones”, señaló el jefe de Estado.
El pronunciamiento surgió a raíz de acusaciones que, según Petro, la concesionaria dirigió hacia habitantes rurales de la región, alegando que el acceso restringido a los predios y el presunto daño de equipamientos habría impedido tareas de mantenimiento.
El presidente expuso que los administradores de la vía argumentaron que “le echan la culpa al campesinado diciendo que se roban mangueras y no los dejan entrar a los predios para hacer el mantenimiento de las obras que recogían el agua precisamente para evitar deslizamientos”.
Gustavo Petro negó esta versión e insistió en la falta de acción por parte de la concesionaria respecto al mantenimiento de los sistemas de drenaje, lo que, según él, originó el deslizamiento en la zona.
“Los pobres tendrían la culpa. Cuando los hechos muestran es que simplemente la concesionaria no hizo el mantenimiento del sistema de drenaje de la zona de derrumbe y por eso se produjo el deslizamiento”, escribió el mandatario. Esta declaración apuntó a que la responsabilidad del suceso recae en la empresa concesionaria, más allá de las condiciones locales.
En sus mensajes, el mandatario afirmó que esta vez el derrumbe ocurrió en un tramo cuya responsabilidad correspondía a la concesionaria y no al Gobierno, diferente a situaciones anteriores donde el Estado asumió los costos de reconstrucción.
Desde la óptica de Petro, existe una incongruencia en la forma en que se definieron las responsabilidades en el contrato de concesión inicial.
Remarcó que “la zona del derrumbe no quedó en las áreas que previamente habían definido que pagaría la reconstrucción el gobierno como la mayoría de las veces pasa. Sino fue en una zona de responsabilidad de la concesionaria. Quienes estructuraron el contrato inicial dejaron el riesgo geológico de la obra prácticamente al gobierno”.
El presidente también criticó la postura de la concesionaria frente a los pobladores de la región afectada. Expresó que “el concesionario o saca excusas desobligantes contra los campesinos de la zona”, poniendo en duda la legitimidad de inculpar a las comunidades rurales por los eventos.